DE LA CULTURA DE LA SUBVENCIÓN A LA CULTURA DE LA DESGRAVACIÓN

Vivimos tiempos en los que la tijera campa a sus anchas. Recortes presupuestarios por doquier y arcas completamente vacías. Todos los sectores están tocados, pero el de la cultura lo está en demasía. Basta dar un simple vistazo para descubrir un panorama nada halagüeño: el Liceo de Barcelona con su ERE y su programación peligrando a pesar de que los trabajadores han sacado pecho; el Palau de les Arts Reina Sofía con menos óperas programadas y algunas en concierto; el IVAM con exposiciones de contenido y presupuesto low cost; auditorios con programaciones raquíticas; teatros públicos sin nada que ofrecer. Todo ello con los consiguientes miles de puestos de trabajo destruidos o con la espada de Damocles en la cabeza. Esto es lo que hay y el futuro es menos esperanzador. Si las Administraciones públicas tienen poco presupuesto en este momento menos van a tener el año que viene. Urge, por tanto, tomar medidas para que los museos, los teatros y los auditorios públicos puedan seguir adelante con sus programaciones y sigan manteniendo a sus trabajadores directos e indirectos. Si esto no se remedia pronto, el Museo Reina Sofía, El Liceo o el Palau de les Arts, entre otras muchas instituciones culturales de nuestro país, corren el peligro de echar el cerrojo con el consabido aumento de la dolosa nómina de los espacios de la nada que hay que mantener para que no se caigan aunque no sirvan para nada.

Ante los bolsillos escurridos hay buscar fórmulas de financiación que permitan avanzar con la cultura. No empecemos con el cómo pudo ser y no fue. En estos momentos sirve de bien poco lamentarse si lo que queremos es avanzar con la cultura. Hasta ahora estábamos acostumbrados a que el Estado lo pagaba todo, pero si queremos tener programación en nuestros museos, en nuestros teatros o en nuestras salas públicas de conciertos, tenemos que buscar nuevas fórmulas porque la cultura de la subvención se ha acabado, nos guste o no. Es urgente una nueva ley de Mecenazgo que permita la intervención de la sociedad civil en la financiación de la cultura. Hay que tomar medidas que atraigan la inversión privada en la cultura pública. Es la única manera. La ley de 2002, en vigor, permite a los particulares desgravar hasta un 25% de IRPF de lo aportado a instituciones artísticas; en el caso de las empresas, la parte del impuesto de sociedades devuelta llega hasta el 35%. Pero es un porcentaje insuficiente o poco atractivo para que los inversores se animen a adelantar el dinero. Aún estamos muy lejos de los porcentajes de Francia o Inglaterra con un 60% o 70%, y más todavía de EE.UU. donde se llega incluso al 100%.

El año pasado el PP propuso en la Comisión de Cultura incrementar la deducción del IRPF de la personas físicas del 25% al 70% de la base en las donaciones y aportaciones del mecenazgo, y en el caso de las personas jurídicas aumentar la base de deducción del 35% al 60% del impuesto de sociedades. Veremos si esto se cumple con la nueva Ley de Mecenazgo sobre la que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ya ha anunciado su inminente puesta en marcha.

Es necesario, pues, el paso regulado de una cultura de la subvención a una cultura de la desgravación en el que, ante la imposibilidad de las Administraciones públicas de poder asumir la gestión cultural, se facilite el acceso de la sociedad civil a estos menesteres. Además hay que acabar de una vez por todas con la cultura a merced del partido gobernante, sea cual sea su color. Hay que apostar por fórmulas mixtas que no permitan dejarlo todo a merced del patrocinador privado, ni el contenido ni las actividades financiables. No todos los resortes del liberalismo económico son aplicables a la cultura; el pan y toros, tampoco. Hay que buscar fórmulas mixtas de consenso. Pero mientras éstas se buscan son necesarias campañas de sensibilización que ayuden a convencer a los inversores de las ventajas de invertir en cultura, especialmente en imagen y responsabilidad social corporativa. Estas campañas de sensibilización deben apostar por el respeto y la independencia creativa de los artistas y defender las premisas de una cultura universal pública. Con las fórmulas elegidas todos tenemos que salir ganando. Nadie, ni el artista, ni la institución financiada, ni el público tiene que sentirse devaluado porque junto a su nombre aparece la marca de una cadena de hamburgueserías o de telefonía móvil. Tampoco el patrocinador debe apretar mucho para imponer sus criterios si estos son contrarios a la política cultural universal y democrática, ni los gestores de la administración deben imponerle ruedas de molino. Hay que encontrar fórmulas mixtas con raciocinio.

De momento una institución como el Museo del Prado ha encontrado un patrocinio con Telefónica. Esperemos que otras empresas se animen. El problema no lo van a tener los grandes museos, ni los teatros de referencias, sino las instituciones culturales dependientes de las administraciones locales y autonómicas. Si no se regula pronto y bien, tendremos una cultura de capital del país y otra de periferia casi inexistente. Vale.

Publicado en 360gradospress